Juventud Vulnerable, Primera Entrega

Para contrarrestar el pobre funcionamiento de políticas represivas tipo “Mano Dura y Mano Súper Dura”, el gobierno anterior decidió convocar mesas de trabajo y foros antipandillas con amplia participación de sectores estatales y sociales involucrados con la problemática de la violencia y delincuencia juvenil; dichos esfuerzos dieron resultados importantes a nivel documental (“Programa Juventud en Desarrollo” - Oficina de Justicia Juvenil CSJ / Mesa Interinstitucional Permanente para la Atención a la Violencia y Delincuencia Juvenil, 2004 y “Construyendo Juntos una política de prevención, atención y control de la violencia, El camino recorrido por las mesas de trabajo. Balance y Perspectiva” – Foro Antipandillas / Convocado por el Ministerio de Gobernación, Junio de 2004.) Pero en realidad solo fueron utilizados por el gobierno de manera publicitaria y como una manera de acallar la crítica al “manodurismo” que a todas luces era ineficaz e ilegal (inobservancia y violación de derechos humanos, garantías constitucionales y procesales).
Como parte de la estrategia publicitaria que el gobierno ideo, en primer lugar con la convocatorias interinstitucionales, nació como segunda parte de la misma, el “Plan Mano Amiga – Mano Extendida”, que luego se transformaría en Programa Mano Amiga y Programa Mano Extendida (ambos como supuesto complemento integral de el Plan Súper Mano Dura) el fin del primero era aglutinar y alinear por medio de una red interinstitucional las alternativas de prevención de la violencia juvenil; el segundo utilizaría el mismo mecanismo en el área de rehabilitación.
Ambos fueron incluidos en el eje de Atención a Grupos Vulnerables, que a su vez era producto de la sectorización de problemas y necesidades juveniles que se plasmaron en el Plan Nacional de Juventud “JóvenES”, cuyo ente aplicador era la Secretaría de la Juventud; el objetivo de dicho eje era la creación de oportunidades para jóvenes vulnerables y excluidos (en riesgo o desintegración social).
El Plan Nacional de Juventud sin embargo, no se formulo a partir de los aportes de los diferentes actores institucionales y sociales que participaron en el proceso de discusión sobre los factores de riesgo social que conducen a la desintegración del colectivo juvenil, que tuvo lugar al inicio de la gestión anterior. La fuente del mencionado Plan, se limito a una encuesta independiente; lo que explica el porqué ignora numerosos estudios especializados que describen las precarias situaciones socio-económicas de la juventud salvadoreña, las condiciones de inequidad social y su relación con la exclusión, claramente identificadas por fuentes de innegable credibilidad.
Entre otras falencias, el Plan Nacional de Juventud., soslayaba la naturaleza multicausal de la violencia y la delincuencia juvenil y su relación con el entorno socio-histórico de la juventud, y aun más grave, el plan no partía de un conjunto de obligaciones inherentes a la función misma del Estado respecto del sector al cual estaba dirigido (La Juventud); el mismo no hacía referencia al marco jurídico correspondiente (Constitución de la República y Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente), tampoco formulaba una articulación concreta constituida en el ordenamiento jurídico Salvadoreño; se limitaba a basarse en un enfoque de naturaleza altruista-asistencialista, en lugar de fundamentarse en uno que observara los derechos cuyos titulares eran y son precisamente los jóvenes.-